La Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo ordenó la celebración de un juicio de fondo al ex presidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez.

El ex funcionario está acusado del manejo inadecuado de más de dos mil millones de pesos de los bonos soberanos destinados para la construcción de la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiago.

La magistrado Olga Herrera Carbuccia adoptó la decisión luego de revocar un auto de no ha lugar dictado a favor de César Sánchez por el juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional , Román Hiciano Berroa.

 Según se indica en uno de los considerando de la sentencia, el tribunal de alzada sostiene que el ex funcionario del gobierno que presidió el ex presidente Hipólito Mejía, no le dio un uso correcto al dinero que se le dio de los Bonos Soberanos para

la construcción de la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiago, razón por la cual ordenó apertura a juicio en su contra.

La decisión en favor de Sánchez fue confirmada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pero la Suprema Corte de Justicia ordenó la celebración de un nuevo juicio, esta vez en la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo.

En el tribunal, Sánchez declaró que  casi la totalidad de los más de 2 mil millones de pesos  fueron utilizados para enfrentar la crisis de apagones generados por deudas del gobierno con las distribuidoras y generadoras en el verano del 2002.

Explicó que esos fondos fueron utilizados para abonar a la deuda acumulada del gobierno central con generadores y distribuidoras por concepto de suministro de energía a instituciones no cortables y el pago de subsidios.

Expresó, además, que las empresas distribuidoras de energía, de acuerdo a los contratos suscritos con la CDEEE, cargaban a la entidad, los montos que correspondía pagar al Gobierno Central por el suministro de energía a las instituciones llamadas No Cortables.

El ex funcionario argumentó que por esos conceptos la CDEEE llegó a acumular una deuda superior a los 200 millones de dólares, provocando que las empresas generadoras redujeran el suministro de energía y el país comenzó a sufrir una grave crisis de apagones, que fue lo que caracterizó el verano de 2002.