SANTO DOMINGO.-El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), cerró diez empresas de telecomunicaciones en Santiago que operaban centros de Internet y de llamadas de larga distancia sin autorización legal en violación a la Ley 153-98 que regula las telecomunicaciones en el país.

Asimismo, ordenó la clausura provisional e incautación de las instalaciones y equipos de telecomunicaciones encontrados en los domicilios y oficinas comerciales de Ángel Silverio Sosa y Juan José Ureña, en esta ciudad.

Las empresas fueron cerradas e incautadas sus equipos durante varios operativos realizados por inspectores de la gerencia de Inspección del Indotel, al frente de los cuales estuvieron el ingeniero Daniel Moreno y el abogado Juan M. Díaz Caridad.

Los inspectores del Indotel acompañados de autoridades judiciales cerraron e incautaron equipos de las empresas Internet Ureña y Net Cell, mientras que fueron cerradas sin incautaciones Quiñones Comunicaciones, JH Compucentro y PD Comunicaciones. Asimismo, fueron cerrados el Centro Internet Almonte, A y R Comunicaciones, Centro de Internet Anabel, Mundo Comunication, JC Internet, Centrocom, y la Farmacia Domínguez.

Se indicó que para el cierre de estas empresas el Indotel aplicó la resolución número 015-08, emitida por la dirección ejecutiva del ente regulador.

La gerencia de Inspección del Indotel informó que recibió denuncias de representantes de las concesionarias Mundo 1 Telecom, S. A. y Tecnología Digital, S.A. (DGTEC) sobre la operación ilegal y la realización de prácticas contrarias a la Ley General de Telecomunicaciones  por parte de algunos centros de llamadas e Internet en la provincia de Santiago.

"En fecha 10 de diciembre de 2007, la dirección ejecutiva del Indotel recibió un correo electrónico, donde la empresa Mundo 1 Telecom denuncia que está teniendo varios inconvenientes con una competencia desleal y a la vez ilegal, refiriéndose a unos jóvenes que visitan a los clientes de dicha empresa ofertándoles tarifas muy bajas, sin pago de los impuestos legales y sin ninguna infraestructura", expresa el reporte del ente regulador.

Asimismo, señaló que en diciembre de ese mismo año la empresa DGTEC envió un correo electrónico a la gerencia de Inspección del Indotel en el que denuncia que "delincuentes haciéndose pasar por personal de DGTEC están ofertando Centros de Llamadas  cobrando una recarga luego de "programar" y redireccionar sus ATA's a una plataforma supuestamente de esa empresa, haciéndola funcionar durante pocas horas y luego queda suspendido el servicio".

Específicamente las investigaciones establecieron que son Angel Silverio Sosa y Juan José Ureña las personas que se identifican como empleados de DGTEC y vendedores de servicios de llamadas telefónicas de larga distancia.

El Indotel indicó que además, se comprobó que algunos centros de llamadas de larga distancia  en la ciudad de Santiago "mantienen tarifas muy por debajo del precio promedio del mercado, sin contar con ninguna autorización para la prestación de servicios de telecomunicaciones en República Dominicana".

Destacó que en las indagatorias sobre estos negocios se detectó "la operación ilegal de los Centros de Internet Almonte, A y R Comunicaciones, Centro de Internet Anabel, Mundo Comunication, JC Internet, RG Internet, Centrocom y otro que operaba en la Farmacia Domínguez.

Explicó que estos Centros de Internet ofertaban la reventa de minutos de llamadas y servicio de Internet en Santiago en franca violación a las disposiciones legales que exigen la obtención de una inscripción de un Registro Especial para prestar este servicio. Agregó que al operar al margen de la ley estos negocios ofrecían un precio deprimido, muy por debajo del promedio del mercado, lo que a juicio del ente regulador "ocasiona serios trastornos y perjuicios al régimen de libre competencia en el sector de las telecomunicaciones" y a los concesionarios de  estos servicios.

Advirtió que estos infractores participan de manera desleal en el intercambio comercial existente, al lograr ahorros y economías en sus operaciones producto de una operación ilícita, además de que dicha participación ilegal y, como tal, no supervisada por las autoridades correspondientes, "se traduce en la indefensión de los usuarios ante los posibles abusos que la operación ilegal de estas empresas podría acarrear".